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Boletín de noticias 27 de enero de 2012
EL TIEMPO
POR 'CARRUSEL DE PENSIONES', 21 MAGISTRADOS IRÁN A JUICIO FISCAL
En una decisión sin antecedentes, la Contraloría acaba de llamar a juicio fiscal a 21 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura, por 70 nombramientos que le han costado al país más de 13 mil millones de pesos en reajustes pensionales injustificados. Tras una investigación sobre la situación de magistrados auxiliares nominados por las salas Disciplinaria y Administrativa entre el 2007 y el 2010, la Contraloría encontró que lograron millonarias jubilaciones gracias a fugaces nombramientos en la Judicatura que, en promedio, no superaron los dos meses.
Aunque disciplinaria y penalmente los magistrados titulares solo pueden ser procesados por la Comisión de Investigación de la Cámara, históricamente cuestionada por su falta de resultados, la Contraloría acudió a una norma que obliga a todos los servidores del Estado a responder por decisiones que lesionen el patrimonio público.
En este caso, los investigados deberán explicar por qué hicieron nombramientos que impactaron el sistema pensional, pues sus auxiliares lograron reajustes en la mesada acogiéndose a un decreto de 1971 que permite que personas que ocupan magistraturas se jubilen con su último sueldo. En caso de que esas explicaciones no sean satisfactorias para la Contraloría, los magistrados tendrían que devolver de su bolsillo la plata embolatada.
"Es una investigación en curso y las personas afectadas tienen todas las garantías para demostrar que actuaron con transparencia", dijo una fuente que conoce el caso.
'Palomazos' millonarios
La investigación fiscal encontró casos como el del exmagistrado auxiliar Álvaro Rojas, nombrado en el despacho de Henry Villarraga (actual presidente de la Sala Disciplinaria), que multiplicó su pensión gracias a un 'palomazo' de 28 días. Pasó de 4 millones 53 mil pesos a 13 millones, y además recibió un retroactivo de 175 millones de pesos.
Petrona Perafán estuvo 2 meses y 26 días como magistrada auxiliar de Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca. Su pensión, que debía quedar en 4,3 millones, según la liquidación de sus aportes, quedó en 13 millones 70 mil pesos. Además, le pagaron un retroactivo de 92,5 millones.
En ese mismo despacho se pensionó, con sueldo de magistrado, Gerardo Julián Velasco Ordóñez, quien apenas cumplió esa función por 12 días, según documentos en manos de la Contraloría.
En el proceso aparece que una sola magistrada, Julia Emma Garzón, de la Sala Disciplinaria, realizó 16 de esos nombramientos. Se investiga el caso de una magistrada auxiliar que estuvo, de acuerdo con los documentos de la Judicatura, apenas dos días en el cargo.
Su colega Henry Villarraga la sigue con 8 nombramientos que implicaron ajustes pensionales, a pesar de que los auxiliares estuvieron en la Judicatura entre 28 y 49 días.
Por su parte, la magistrada María Mercedes López, en diálogo con ELTIEMPO.COM.com, se declaró sorprendida por la aparición de su nombre en la lista y anunció que entregará toda la información para que se aclare el asunto.
Señaló que en su despacho no designó a ningún magistrado auxiliar próximo a la pensión y dijo, además, que en la lista de la Contraloría hay personas de 45 años que siguen trabajando y están lejos de la jubilación.
"Algunas de esas personas estaban en el despacho cuando yo llegué al cargo. Haremos plena claridad sobre cada nombramiento", señaló López, reconocida porque en varias ocasiones frenó polémicas decisiones de algunos de sus colegas de la Sala Disciplinaria.
Esta semana, en entrevista con EL TIEMPO, la contralora Sandra Morelli anunció que se revisarán centenares de millonarias pensiones de la Rama Judicial y el Congreso que no corresponden con los aportes realizados por sus afortunados beneficiarios.
MÉDICOS TEMEN VIOLAR SIGILO PROFESIONAL AL DENUNCIAR A MALTRATADORES
Polémica por uno de los decretos del Gobierno que busca combatir la violencia contra las mujeres.
El decreto que obligaría a médicos y enfermeras a denunciar los casos de violencia contra la mujer sobre los que tengan conocimiento, generó ayer un fuerte debate en este gremio.
"Aunque no nos oponemos a la norma, nos preocupa que, tal y como ha sido interpretada y expuesta, incluso por la Ministra de Salud, los médicos seríamos obligados a violar nuestro secreto profesional, consagrado en el Juramento Hipocrático y en la Ley 23 de 1981", aseguró Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.
De acuerdo con Julio Guzmán, abogado experto en derecho médico, "hasta ahora los médicos en Colombia sólo están obligados a denunciar, por encima del secreto profesional, los casos con clara evidencia de relaciones sexuales de menores de 14 años con adultos; lo demás atenta contra la esencia de la profesión médica".
Según Córdoba, preocupa que la norma pueda convertirse en algo negativo: "Si los pacientes empiezan a identificar a sus médicos y enfermeras, a los que confían su vida y su salud, como parte del aparato judicial, pueden llegar a abstenerse de consultar, y eso empeoraría su problema", dijo.
Debido a estos reparos, la médica y senadora Dilian Francisca Toro le solicitó al Gobierno nacional modificar la norma. "Los médicos -dijo la Senadora- no entregarían estos datos porque hacerlo violentaría su secreto profesional".
La junta directiva de Sociedades Científicas -que agremia a 38 mil especialistas del país- le sugirió a la Ministra de Salud, Beatriz Londoño, que para hacer viable la norma declare, primero, la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública.
"Esto exigiría crear una serie de mecanismos e instrumentos para la notificación obligatoria, lo cual está lejos de ser una denuncia y permite proteger el sigilo profesional de los médicos. El sistema de salud tendría, entonces, que articularse con el de justicia para poder lograrlo", explicó Córdoba.
La propuesta fue recogida por la senadora Toro, quien agregó que "con los informes de los médicos las Secretarías de Salud serían las responsables de reportar a las autoridades judiciales para que dispongan de los procedimientos legales necesarios".
Cristina Plaza, alta consejera para la Equidad de la Mujer, aseguró que la norma no obliga a denunciar, "se trata de reportar al sistema de vigilancia en salud para que estos hechos queden consignados y se generen las acciones respectivas sin comprometer el devenir médico. El próximo 20 de febrero se conocerá la reglamentación de la norma, en la que se trabaja, conjuntamente, con los ministerios de Justicia y de Salud".
Este decreto fue expedido este miércoles, como parte de una serie de medidas reglamentarias de la Ley 1257, con la que se busca prevenir y sancionar toda forma de maltrato contra las mujeres.
TRÁMITE RETRASA FALLO DE CORONEL ALFONSO PLAZAS VEGA
Defensa del coronel (r.) dicen que aún no hay una decisión oficial.
Dos magistrados le confirmaron a este diario que la decisión que mantiene la condena del coronel Alfonso Plazas Vega por el caso del Palacio de Justicia apenas está pendiente de un asunto de trámite previo a su anuncio oficial.
El miércoles de esta semana, una sala integrada por tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá terminó la revisión de la decisión adoptada hace casi dos meses, cuando la ponencia que absolvía a Plazas fue derrotada. La consecuencia legal de esa determinación es que se mantiene la condena de 30 años de prisión que impuso en primera instancia la jueza tercera especializada Luz Stella Jara.
Altas fuentes del Tribunal señalaron que el salvamento de voto (oposición a la decisión mayoritaria) del magistrado ponente, Hermes Lara, aún no había sido incluido en la providencia y que eso ha retrasado la notificación.
El jueves, entre allegados de Plazas Vega y familiares de las víctimas hubo alboroto porque, al acudir a la Secretaría del Tribunal, se les informó que allí no hay registro oficial de la sentencia (lea certificación del Tribunal, en la que se indica que aún no se ha proferido decisión en segunda instancia).
"A la Secretaria de la Sala Penal no ha llegado la decisión de segunda instancia respecto de la apelación de la sentencia", dice la certificación dada a conocer por el abogado del Plazas Vega, Jaime Granados. El jurista aseguró que "oficialmente no hay ninguna decisión en el caso" y señaló que "este tipo de informaciones constituyen una presión para la justicia".
Legalmente, el fallo se hace efectivo solo cuando baja a Secretaría para ser notificado a las partes en el proceso. De acuerdo con las normas de procedimiento, las decisiones tomadas en Sala, que quedan consignadas en un acta firmada en el momento por los magistrados, no tienen modificaciones de fondo y solo son susceptibles de correcciones.
PLAZAS VEGA FUE EL PRIMER MILITAR CONDENADO POR EL CASO DEL PALACIO
La sentencia no es por la retoma, sino por las desapariciones tras el hecho.
En junio del 2010, veinticuatro años, siete meses y dos días después de que encabezó, con tanques blindados, la irrupción definitiva de las tropas del Ejército que recuperaron el Palacio de Justicia -asaltado por un comando del M-19 un día antes, 6 de noviembre de 1985- el coronel Alfonso Plazas Vega se convirtió en el primer militar condenado por ese caso.
La jueza María Stella Jara lo sentenció a 30 años de prisión -de los que completa tres privado de la libertad-, no por la operación de la retoma, sino por lo que pasó con 11 personas que salieron vivas del Palacio el 7 de noviembre y que siguen desaparecidas. Eran diez empleados de la cafetería y la guerrillera Irma Franco.
Ellos, dice la sentencia de 302 páginas conocida por EL TIEMPO, formaron parte del "grupo de varias personas que fueron remitidas a diversas guarniciones, siendo sujetas a interrogatorios y malos tratos".
"Algunos, después de un tiempo considerable, lograron salir y regresar a sus vidas normales -agrega el fallo-, suerte que no corrieron las 11 personas de quienes, hasta hoy, no se conoce su paradero".
Por lo menos dos de esas personas, el administrador de la cafetería Carlos Rodríguez y la guerrillera Irma Franco, fueron llevadas a un lugar secreto en la Escuela de Caballería, comandada por Plazas.
Allí, según el suboficial Édgar Villamizar, testigo clave de la Fiscalía, fueron sometidos a torturas y luego asesinados.
La condena, que fue recibida con aplausos por decenas de familiares de los desaparecidos y activistas de derechos humanos, fue rechazada por el presidente Álvaro Uribe y por militares retirados, que cuestionaron que los asaltantes del Palacio hayan recibido perdón judicial y político mientras los miembros de la Fuerza Pública terminan en el banquillo de los acusados.
Todos los miembros del comando del M-19 murieron, entre ellos los jefes de la operación, Andrés Almarales y Luis Otero. La cúpula del grupo fue enjuiciada por la toma, pero al firmar la paz con el Gobierno Barco vino el cierre del caso. De hecho, antiguos jefes del grupo guerrillero recibieron el fallo con reservas.
La jueza considera que la Fiscalía -que reabrió el caso hace cinco años, tras cuatro lustros en los que el caso estuvo archivado- probó plenamente que el coronel Plazas formó parte de un grupo de militares que no solo estuvieron al tanto de cada detalle de la operación, incluyendo los interrogatorios de los sobrevivientes, sino que sabían de la toma guerrillera y no la evitaron.
Dos militares de la época dijeron que les ordenaron alistarse para una situación de orden público en Bogotá horas antes del ataque del M-19.
Por eso, la jueza ordenó que se investigue a toda la cúpula militar y policial de la época y pidió, como lo había hecho la fiscal del caso, que la Comisión de Acusación de la Cámara reexamine el papel del presidente Belisario Betancur (1982-1986).
El mismo caso se precluyó (archivó) hace más de 20 años, pero tanto la Fiscalía como la Comisión de la Verdad que investigaron los hechos del Palacio de Justicia hablan de una suerte de vacío de poder que pudo haber facilitado el uso de fuerza excesiva en la recuperación del Palacio.
Él y su abogado, Jaime Granados, insisten en que no hay pruebas que lo relacionen con las desapariciones y sostienen que su proceso fue resultado de una persecución política.
Las pruebas de la sentencia
Para la condena, la jueza tuvo en cuenta que tanto el coronel Edilberto Sánchez como el general Iván Ramírez, ambos presos por el mismo caso, aseguraron que el coronel Plazas sí manejó interrogatorios.
Ramírez dijo que Plazas "fue el que mandó ahí", debido a su relación familiar con el ministro de Defensa de la época, el general Miguel Vega Uribe.
Además, desempolvó una grabación de 1985 en la que varios militares dijeron que llevaron a unas doce personas a la Escuela de Caballería.
A ellos, según ese testimonio que la justicia embolató por más de 20 años, los detuvieron o porque "eran terroristas" o porque permitieron la entrada "de parte del armamento que usó el grupo terrorista".
"Uno de ellos respondió con un madrazo y fue ahogado en un bebedero", dice la declaración.
Corte Suprema recibe con respeto la sentencia. En entrevista con 'Caracol Radio' en la mañana de este jueves, el presidente (e) de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, se pronunció con respecto a la sentencia.
"Recibimos esta sentencia con el mayor respeto. Con el mayor respeto por la independencia de los jueces, con el mayor respeto por el procesado, y con el mayor respeto por las víctimas", dijo el magistrado.
Arrubla agregó además que la Corte lamenta el episodio que está pronto a cumplir 25 años y destacó la labor que ha realizado la comisión de la verdad designada para el caso.
EL ESPECTADOR
GOBIERNO RESPALDA INVESTIGACIONES POR 'CARRUSEL DE PENSIONES'
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, espera que los funcionarios del Alto Tribunal tengan explicaciones coherentes para argumentar este nuevo 'carrusel'.
Luego de conocer que la Contraloría General de la República abrió juicio de responsabilidad fiscal a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, por posible detrimento patrimonial, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, apoyó dicha iniciativa al asegurar que “es oportuno que con dicha investigación se aclaren todos los episodios”, relaciones con el denominado ‘carrusel de las pensiones’.
La Contraloría buscará establecer por qué varios altos funcionarios de la Judicatura nombraron magistrados auxiliares por periodos de dos a tres meses para aumentarles sus pensiones de jubilación, acciones que Esguerra consideró como “muy preocupantes”.
“Es oportuno que se abran esas investigaciones y que se conozcan todos esos episodios y que a su vez de las respectivas explicaciones al país”, dijo Esguerra en diálogo con Caracol Radio.
De acuerdo con la Contraloría, el detrimento patrimonial por este 'carrusel de pensiones' podría alcanzar los 13 mil millones de pesos. Magistrados que en su momento ganaban cuatro millones de pesos, pasaron luego a devengar $13 millones mensuales, según el ente de control.
Esguerra aseguró, además, que por acciones como las del carrusel, entre otras, es que el Gobierno pidió en la propuesta inicial de la Reforma a la Justicia la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, tema que como él mismo aseguró “ahora está en manos del Congreso”.
“Lo que pasa es que el Consejo de la Judicatura resultó ser inferior a las expectativas de lo que se pensó y se creyó que iba a ser cuando se le dio vida en el Asamblea Nacional Constituyente”, concluyó.
TESTIGO AFIRMA QUE HAY OTRO DESAPARECIDO DEL PALACIO DE JUSTICIA
El guerrillero conocido con el alias de ‘El Negro’ habría sido torturado en la casa del Florero y luego desaparecido.
En un crudo relato, Héctor Correa manifestó que durante la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 fue llevado por los militares hacia la Casa del Florero, en donde sufrió maltratos físicos y verbales pues fue señalado como “un sospechoso”.
Según Correa, quien para la época de los hechos era citador de sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue trasladado al segundo piso de la histórica casa ubicada a pocos pasos del Palacio de Justicia por los militares.
En ese momento, vio a la guerrillera Irma Franco, hoy desaparecida, en uno de los cuartos de la casa acompañada de un grupo de militares que la torturaban.
Igualmente se dio cuenta que había otro hombre amarrado en el lugar. “A esa persona la llamaban ‘el Negro’ tenía traje de camuflado y parecía extranjero”, precisó el testigo ante el juez 55 penal del circuito de Bogotá.
Correa respondió a las preguntas de la Fiscalía que identificó a ese hombre que lo había visto en el interior del Palacio de Justicia en el desarrollo de la toma guerrillera, con un fusil y corriendo por los pasillos.
El testigo salió pocas horas después del Palacio de Justicia, puesto que se comprobó que sí trabajaba en la Corte, sin embargo antes de retirarse del recinto los militares le dijeron que “recuerde que aquí no pasó nada, y si usted lo olvida su familia lo va a recordar", relató Correa.
Ante estos hechos, el testigo prefirió guardar silencio por más de 25 años, hasta que fue llamado como testigo en el proceso que se adelanta contra el excomandante del B-2 coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, quien era el militar encargado del manejo de los rehenes que eran trasladados a la Casa del Florero.
Para Jorge Molano, quien defiende los intereses de los desaparecidos del Palacio de Justicia, en el relató de Correa se hace explicita la existencia de otro desaparecido en el marco del llamado Holocausto del Palacio de Justicia, “quien habría salido con vida de la edificación, fue retenido por los militares y desaparecido posteriormente”.
“Ya son 11 los desaparecidos, probablemente dos personas tratadas como especiales en el segundo piso de la Casa del Floreo, y hasta el momento no se sabe nada de su paradero, hecho que debe ser investigado por la Fiscalía”, precisó Molano.
Por este hecho solicitó que se investigue además a militares procesados por las desapariciones del Palacio de Justicia, entre estos el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.
RINDIENDO CUENTAS POR DESPLAZADOS
Mil cuatrocientas personas desplazadas han sido asesinadas en los últimos tres años.
Con esa alarmante cifra el representante de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Terry Morell, puso en evidencia que la ONU no está satisfecha con la labor de la Fiscalía en cuanto a la población desplazada. Y no sólo en lo referente al tema de protección. Morell reclamó que sigue siendo bajo el número de condenados por este crimen, al igual que el de casos investigados, y criticó además el manejo al tema de las supuestas falsas víctimas de Mapiripán y Las Pavas.
Así como este fueron varios y polémicos los asuntos que se trataron ayer en la Corte Constitucional, que citó a las autoridades nacionales y organismos que manejan la problemática del desplazamiento para la periódica rendición de cuentas que se le hace al Estado en esta materia. La fiscal Viviane Morales defendió el trabajo de la entidad investigadora, argumentando que si bien las cifras “son humildes”, desde la creación de la Unidad de Desplazamiento Forzado se han invertido recursos y tiempo en atacar este flagelo.
A la audiencia especial fueron citados la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y entidades del Gobierno. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, reveló que la gente ha sido despojada de sus tierras a punta de certificados de libertad adulterados y medidas policiales falsificadas, documentos que estarían tan mal hechos y que hasta tenían repetidos errores de ortografía. Por esta razón, afirmó el alto funcionario, se creó una unidad especial en la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de recuperar las tierras y restituirlas.
Codhes, una de las ONG que hizo presencia, volvió a poner sobre la mesa el tema de los números oficiales, exponiendo que por lo menos 950 mil desplazados no están en los registros estatales. Es decir, que en la cifra oficial de 3’800.000 desplazados, el subregistro sería del 25%. Marco Romero, director de Codhes, también recriminó el “precario” avance de la justicia para investigar casos de despojo y señaló que son muy pocas las personas judicializadas por este crimen.
Romero resaltó que las regiones más afectadas son la cuenca del Pacífico y el suroriente, e indicó que en un país con tanta impunidad sobre esta problemática la justicia no se puede enfocar exclusivamente en el tema de las falsas víctimas.
ABREN JUICIO FISCAL A 22 MAGISTRADOS DE LA JUDICATURA
Contraloría General de la República investigará a los funcionarios del Alto Tribunal, por el posible detrimento patrimonial de 13 mil millones de pesos.
La Contraloría General de la República abrió juicio de responsabilidad fiscal a los magistrados por el posible detrimento patrimonial de 13 mil millones de pesos por el llamado ‘carrusel de las pensiones’.
Según el ente de control, los altos funcionarios nombraron magistrados auxiliares por periodos de dos a tres meses para aumentarles sus pensiones de jubilación, la Contraloría intentará establecer por qué a varios de los pensionados, quienes recibían 4 millones se les aumentó el pago a 13 millones de pesos.
Además, llama la atención los pagos retroactivos que se efectuaron y los casos en los que los magistrados designados, quienes llevaban pocos días de labor recibieron pensiones demasiado altas.
Entre los investigados se encuentran el actual gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, Ovidio Claros y José Alfredo Escobar entre otros.
ONU Y FISCALÍA ENFRENTADOS POR ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
La Acnur considera que "aún no es clara" la política de investigación y persecución por desplazamiento.
Gobierno admite que desplazamiento también se dio con registros notariales
Un duro choque quedó planteado este jueves entre la representante de la Acnur, Terry Morel, y la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos, por las investigaciones sobre el desplazamiento forzado.
La jefa del ente investigador entregó una serie de resultados, relacionados con las investigaciones sobre desplazamiento forzado.
Por su parte la representante de la Acnur en Colombia, Terry Morel, dijo que "si bien el número de investigaciones ha aumentado, el número de sentencias proferidas no ha aumentado significativamente".
Para la Acnur, igualmente, aún no es clara la política de investigación y persecución por desplazamiento forzado.
"Es importante que la investigación de ese delito no sea tratado como un caso aislado pues más allá de la aclaración de los hechos ocurridos, lo que existen son dinámicas de un conflicto armado de violencia y de despojo que han afectado durante años a los habitantes de distintas regiones", sostuvo.
Según ella, pese a los avances reportados por la Fiscalía General de la Nación, no se ha dado un desarrollo sustancial del tema.
En el informe presentado por la Acnur en 2007, a partir de las cifras presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura, se señalaba que en un periodo de tres años menos del 1% de los casos había sido investigado.
La Acnur también criticó el manejo dado por la Fiscalía a los casos de 'falsas víctimas' de Las Pavas y Mapiripán.
En su replica, la fiscal Viviane Morales Hoyos dijo que aunque aún hay "cifras humildes", es importante reconocer la labor del ente investigador.
Frente a los casos de 'falsas víctimas' sobre Mapiripán y Las Pavas, Morales manifestó que "la Fiscalía no puede cerrar los ojos ante ninguna actividad delictiva que llegue a su conocimiento".
En ese sentido, le recordó que "jamás podemos desconocer que hubo una masacre" en esos dos casos que han sido emblemáticos.
Las declaraciones de Morel y Morales se dieron durante una audiencia de la Corte Constitucional frente a la política y el manejo al desplazamiento forzado en Colombia.
EL NUEVO SIGLO
APOYA EL GOBIERNO PROCESO EN 'CARRUSEL DE PENSIONES'
Tras conocer que se abrió un juicio de responsabilidad fiscal a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, el Gobierno Nacional apoyó la iniciativa.
Para el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en este caso, por posible detrimento patrimonial, es oportuna la investigación para aclarar los hechos relacionados con el ‘Carrusel de pensiones’.
La Contraloría está a cargo del proceso que buscará establecer por qué varios altos funcionarios de la Judicatura nombraron magistrados auxiliares por periodos de dos a tres meses para aumentarles sus pensiones de jubilación, acciones que Esguerra consideró como “muy preocupantes”.
“Es oportuno que se abran esas investigaciones y que se conozcan todos esos el jefe de la cartera.
Según la Contraloría, el detrimento patrimonial por este 'Carrusel de pensiones' podría alcanzar los 13 mil millones de pesos. Magistrados que en su momento ganaban 4 millones de pesos, pasaron luego a devengar $13 millones mensuales, según el ente de control.
De acuerdo con el alto funcionario, por acciones como las del ‘carrusel’, entre otras, es que el Gobierno pidió en la propuesta inicial de la Reforma a la Justicia la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.
"DETRIMENTO PATRIMONIAL EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS"
Un posible detrimento patrimonial al Estado podría presentarse si se la restitución de tierras sigue haciéndose solo con lotes baldíos de la Nación y luego toca comprarle terrenos a los victimarios, le advirtió la contralora Sandra Morelli a la Corte Constitucional.
Morelli le pidió al alto tribunal tomar cartas sobre el asunto, puesto que muchos de los actuales poseedores de tierras que se hicieron a ellas de manera ilegítima pretenden ahora venderlas para que el Estado pueda hacer efectiva la reparación.
“Esas tierras no toca volverlas a pagar. Esas tierras no se las tenemos que comprar a nadie. Esas tierras toca es recuperarlas porque cuando estamos hablando de la reparación de las víctimas hay una obligación que le corresponde al victimario”, señaló la contralora Morelli cuestionando algunos aspectos de la denominada ley de Justicia y Paz.
De acuerdo con la funcionaria, gran parte de los recursos que ha destinado el Gobierno Nacional hasta la fecha para poder cumplir con la política de restitución de tierras ha salido de terrenos baldíos que pertenecen al Estado, poniendo en riesgo su estabilidad financiera.
Y es que la cifra es diciente ya que según estudios elaborados por la Universidad de los Andes se habla de entre tres a 10 millones de hectáreas que han sido usurpadas. Incluso el programa de restitución de tierras podría alcanzar la suma de 50 billones de pesos.
REVISTA SEMANA
CONTRALORÍA: JUICIO FISCAL A 22 MAGISTRADOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
El proceso se abrió por un presunto ‘carrusel de pensiones’ en el que esa corporación de la Rama judicial habría incurrido en sobrecostos que alcanzarían los 13.000 millones de pesos.
La Contraloría General de La República llamó en la noche del jueves a un juicio de responsabilidad fiscal a 22 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura en la presunta comisión de lo que se ha denominado un ‘carrusel de pensiones’ al interior de esa corporación.
Según las primeras pesquisas del ente de control, alrededor de 70 personas -entre 2007 y 2011- y que se encontraban cerca de alcanzar su jubilación, se vieron beneficiadas irregularmente al ser nombradas como magistrados auxiliares.
Tales cargos eran ejercidos por periodos desde uno hasta tres meses, con lo que incrementaban su salario y, por ende, el monto de su pensión en hasta dos o tres veces. Incluso se habló de casos en que se cancelaron pagos retroactivos.
De acuerdo con el despacho de la contralora Sandra Morelli, los sobrecostos aparentemente injustificados en que habría incurrido la entidad alcanzarían la suma de 13.000 millones de pesos.
En declaraciones a Caracol Radio, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, señaló que le parece “muy oportuno y muy importante que esa investigación se haga, que todos esos episodios se conozcan y, si hay una explicación, que esa explicación salga a la luz pública”.
Esguerra agregó que piensa que “el Consejo de la Judicatura ha sido inferior a las expectativas, a lo que se concibió en la Asamblea Nacional Constituyente. Está en deuda con el país”, concluyó.
EL CARRUSEL DE LOS MAGISTRADOS
En el Consejo de la Judicatura, con una 'palomita' de un mes se puede obtener una pensión de hasta 13 millones de pesos mensuales. Es tan escandaloso que cada una de estas pensiones le cuesta al Estado 3.500 millones de pesos.
En febrero de 2009, el entonces presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, lanzó una frase que cayó como una bomba atómica en el Palacio de Justicia: “Hay un organismo terriblemente descompuesto, que es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se están tomando decisiones preocupantes”, dijo.
En ese momento se refería a que a punta de fallos de tutela algunos magistrados estaban favoreciendo a congresistas enredados en el escándalo de la parapolítica. El tiempo terminó dándole la razón a Pinilla. Hace dos semanas, Caracol Radio prendió las alarmas sobre la existencia de un carrusel de contratos en el Consejo de la Judicatura y mostró una serie de nombramientos hechos en 2010. SEMANA investigó el tema y encontró que eso es apenas la punta del iceberg del escándalo.
En dos años y medio, magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura les han dado ‘palomitas’ como magistrados auxiliares a cerca de 90 personas (sin contar los magistrados auxiliares que están hoy activos), y gracias a esa ‘palomita’ por lo menos la mitad de ellos, según pudo corroborar SEMANA, se podrán jubilar con pensiones multimillonarias, que le pueden costar al Estado, en total, 140.000 millones de pesos.
El detalle más escandaloso es que un juez que se gana cuatro millones de pesos, si logra que le den la dichosa ‘palomita’ de magistrado auxiliar, así sea solo durante un mes, como por arte de magia consigue que su pensión se multiplique y llegue a ser calculada sobre un salario de entre 14 y 17 millones de pesos. La mesada, que es el equivalente al 75 por ciento, le llegará de 10,5 a 12,75 millones de pesos.
Los casos abundan. Cenaida Mejía Báez, por ejemplo, era la juez municipal de Chipaque, Cundinamarca, trabajó un mes y diez días como magistrada auxiliar de Julia Emma Garzón y ya está jubilada con el tope máximo de pensión. Lo mismo le ocurrió, para citar apenas otros ejemplos, a Luis Gonzalo Ardila, juez de Bogotá; a Álvaro Rojas Mayorquín, abogado que no registra rastro alguno en Internet; a Elías Cabrera y a Jesús Herrera Cortés, jueces de Ibagué, y a Luis Rojas Tovar, fiscal de Bogotá, que luego de tener una ‘palomita’ de entre uno y dos meses y medio en el despacho del magistrado Henry Villarraga, ya están haciendo su trámite de pensión (ver recuadros).
Y así como en los despachos de los magistrados Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, los otros dos campeones en materia de nombramientos exprés son los magistrados Ovidio Claros y Pedro Sanabria. En las oficinas de los otros tres juristas que integran la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura –María Mercedes López, Jorge Armando Otálora y Angelino Lizcano– no se evidencia este tipo de prácticas.
SEMANA obtuvo la información de los nombramientos de magistrados auxiliares en los últimos tres años en esa sala de la Judicatura, y encontró datos sorprendentes. Si bien cada uno de los siete magistrados titulares tiene derecho a tres auxiliares, es decir, en total en esa sala debían nombrar 21 magistrados auxiliares, desde 2008 se han nombrado 115 auxiliares. El año récord fue 2008, cuando se nombraron 59: una rotación de casi tres nombramientos por cada puesto. ¿Cómo puede ser posible que por una ‘palomita’ de un mes se ganen una pensión multimillonaria?
La explicación es sencilla. Los funcionarios de la rama judicial tienen unos privilegios muy particulares en materia de pensiones. A diferencia de todos los demás colombianos, a quienes el Seguro Social les calcula su pensión con los últimos diez años cotizados, los de la rama judicial se pueden jubilar con el salario más alto del último año en que trabajaron. No importa si ese funcionario toda la vida hizo aportes a pensiones con base en un salario mínimo, con tal de que haya trabajado un mes del último año como magistrado auxiliar, su jubilación se la calculan con el tope máximo.
La situación es tan particular para la rama judicial que el presidente de la República y los congresistas, que alguna vez gozaron de ese privilegio, ya no lo tienen.
Como si fuera poco, los mismos magistrados han ido creando una jurisprudencia que además les da otras gabelas a los funcionarios de la rama, a punta de otros fallos, en particular del Consejo de Estado. Una de ellas es que el monto sobre el cual se calcula la pensión incluye todo tipo de primas (de vacaciones, quinquenios, etcétera). Y para rematar, la edad de pensión para quienes gozan de este privilegio es de 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres, es decir, mucho menor que la rige hoy para los demás colombianos.
El impacto del pago de estas pensiones vía ‘palomita’ sobre las finanzas del Estado es demoledor. Si se pagara todo el costo de una pensión hoy (lo que los especialistas llaman valor actuarial), el total de la mesada de quien cotizó sobre un salario mínimo sería de 110 millones de pesos, mientras que la de un magistrado auxiliar sería de 3.500 millones de pesos. Por eso, como ya se dijo, los cerca de 40 que obtuvieron la ‘palomita’ y pueden pensionarse le pueden costar al Estado 140.000 millones de pesos.
En el alto gobierno están aterrados con lo que está ocurriendo. Y las alarmas se dispararon aún más luego de una circular que emitió el procurador Alejandro Ordóñez en noviembre del año pasado. Ordóñez “Conmina” –mayúsculas de él– al Seguro Social y a Cajanal para que acaten toda la nueva jurisprudencia. Esto quiere decir que pide que les liquiden las pensiones a los empleados de la rama judicial sin tener que recurrir a tutelas. Además, el procurador es explícito en que se calculen las pensiones con todas las gabelas (vacaciones, más alto salario en el último año, primas, etcétera).
“Esa circular del Procurador le va a costar al Estado un huevo de plata”, dice una persona que conoce como la palma de la mano el sistema pensional colombiano y ha sido directivo del Seguro Social. “Y lo que más preocupa es que por esa vía, y con nueva jurisprudencia, el régimen de privilegios no se termine, como está pensado, en 2014”.
Como las reacciones a la circular del procurador no se hicieron esperar, este a su vez también las contestó: “El argumento tecnológico, tecnocrático y yupiyólogo de los efectos macroeconómicos que se desprendan de esa situación no son argumentos para que se incumpla la ley; si no se está de acuerdo, entonces se debe modificar la normatividad”.
A quienes les ha tocado pagar, a nombre del Estado, las pensiones no les cabe duda de que los magistrados, con los fallos de tutela y las demandas, están haciendo jurisprudencia en causa propia. Desde que comenzó la moda de las reliquidaciones, hace casi diez años, les ha tocado desembolsar para magistrados, por pagos retroactivos, hasta 700 millones de pesos y más, de un solo tirón.
El estado de alerta en el gobierno es tal que en diciembre pasado el ministro de Hacienda hizo una exposición ante la Corte Constitucional en la que advirtió el efecto catastrófico de estas pensiones sobre las finanzas del Estado. Según el ministro Juan Carlos Echeverry, las reliquidaciones de pensiones de la rama judicial pueden llegar a abrir un hueco de entre 7,5 billones y 20 billones de pesos. La cifra, si bien ha sido rebatida por otros especialistas, de todas maneras da a entender que es un lío de grandes ligas para el Estado.
En este cálculo no están incluidos solo los magistrados auxiliares. Este régimen de privilegios también cobija a los funcionarios de la Procuraduría, de la Contraloría y de la Fiscalía. Y en estas instituciones también se dan las perversas ‘palomitas’.
El descalabro para las finanzas del Estado es apenas uno de los problemas gruesos de este carrusel. Hay otros tres baches graves.
En primer lugar, el de la equidad. Lo que ya de por sí es un privilegio exagerado para los miembros de la rama judicial se convierte en un abuso cuando entra en juego el carrusel de los magistrados auxiliares. La pensión de diez o trece millones de pesos es más una lotería que se ganaron que el producto de un ahorro. Mientras tanto, el 80 por ciento de los servidores de la rama judicial se ganan una pensión que apenas si alcanza al salario mínimo.
Uno de los casos más sonados fue el del magistrado César Julio Valencia. Si bien no tiene que ver con el carrusel, ilustra hasta dónde llega el privilegio. Cajanal le calculó en 2009 su pensión en casi 12 millones de pesos, pero Valencia interpuso una tutela alegando que era un error porque le tenían que calcular no sobre el promedio de los diez últimos años de sus aportes, sino el salario del último año. Gracias a ese cambio matemático, y a que la Corte Constitucional le concedió la tutela, su mesada casi se duplicó.
El segundo problema es el de la eficiencia. Debido al carrusel de la contratación y a que los magistrados auxiliares duran apenas uno o dos meses en sus cargos, el rendimiento de los despachos no es el adecuado. De hecho, el despacho de la magistrada Julia Emma Garzón, que es el que más ‘palomitas’ ha dado, es el de más bajo rendimiento. Entre enero y diciembre de 2010 falló 973 procesos, casi la mitad de los que atendió el despacho más eficiente, que fue el del exvicefiscal Jorge Armando Otálora. El segundo de más bajo rendimiento fue el de Ovidio Claros, otro de los campeones del carrusel, con 1.052 fallos.
SEMANA se comunicó a las dos de la tarde del viernes pasado con los despachos de los magistrados Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, pero sus secretarias informaron que ninguno se encontraba. En el caso de Garzón, la secretaria dijo que estaba en una cita médica, pero que ya cualquier cosa sería el lunes, y en el de Villarraga, su secretaria no sabía si volvería en la tarde.
El tercer gran problema es que en donde está la olla podrida es nada más y nada menos que en la Sala Disciplinaria, que es donde están “los jueces de los jueces”. Es decir, son los encargados de investigar y sancionar a abogados y jueces de todo el país. ¿Será que esto tiene que ver con el hecho de que se está agudizando la corrupción entre los operarios de la justicia en el país?
Con este carrusel de magistrados se confirma que esta Sala Disciplinaria de la Judicatura, con un par de excepciones, está escribiendo una de las páginas más tristes de las altas cortes en la historia del país. Desde cuando se estaba conformando, a mediados de 2008, se dispararon las alarmas.
“Pónganle atención a lo que está pasando en el Congreso: están diciendo que la condición para elegir a los nuevos magistrados para el Consejo Superior de la Judicatura es que les ayuden a los congresistas en sus líos con la justicia”, le dijeron en ese entonces a esta revista.
El Congreso hacía la elección a partir de ternas enviadas por el gobierno Uribe. Y cuando los eligieron, los nombres no cayeron bien, pues, con excepción de Otálora y María Mercedes López, e incluso Julia Emma Garzón, que tenían trayectoria en la rama judicial, los otros cuatro venían de las entrañas de la política tradicional. Además, tenían serios reparos en sus hojas de vida. Ovidio Claros tenía a cuestas un caso de no pago de cuota de alimentos y antecedentes en la Procuraduría, porque como gerente seccional del Seguro Social modificó los valores de un contrato para favorecer a una empresa privada.
Pedro Alonso Sanabria venía salpicado por el escándalo de DMG, pues en una grabación los jefes de esta ‘pirámide’ hablaban de haberle dado millones de pesos para su campaña a la Gobernación de Boyacá. Angelino Lizcano venía del grupo político del excongresista Luis Fernando Almario, investigado por la parapolítica y la farcpolítica, y estuvo más de 15 años en la Secretaría General del Congreso, a la que llegó luego de trabajar en la Empresa de Licores de Caquetá. Y Henry Villarraga, quien venía de ser consultor jurídico de la Gobernación de Casanare, terminó salpicado en una denuncia de una registraduría paralela, hecha por El Espectador.
Este mismo Villarraga fue quien hace dos semanas amenazó con denunciar al ministro Germán Vargas Lleras porque “gran parte de las más de 11.000 quejas contra los jueces de la República han terminado siendo infundadas”.
En el grupo de pensionados o posibles pensionados sin duda hay personas que le han servido por décadas al país desde la justicia, pero eso, a los ojos del ciudadano del común, no es suficiente para que aspiren a pensiones que no financiaron en su vida laboral y que pueden afectar la salud fiscal del Estado.
Algunos de los magistrados también han dado explicaciones. En la última sala plena de la corporación, Henry Villarraga se defendió diciendo que él les exige mucho a sus auxiliares y que por eso solo le duran unos meses. En el despacho del magistrado Claros dan explicaciones para cada uno de los casos: algunos, dicen, fueron nombrados por el magistrado anterior, y otros duraron poco porque fueron nombrados en despachos de descongestión.
Sin embargo, en el Palacio de Justicia todos saben que algo se está pudriendo por dentro. Varios funcionarios de la rama le dijeron a esta revista que la situación es crítica y que hay algo muy preocupante detrás de este carrusel de ‘palomitas’.
CONTRALORA ADVIERTE INVIABILIDAD FINANCIERA EN ENTREGA DE TIERRAS
La contralora General, Sandra Morelli, afirma que la obligación del Estado es recuperar las tierras usurpadas y no entregar los terrenos baldíos de la Nación. Hacia el futuro esto podría configurar un detrimento financiero.
La contralora general de la República, Sandra Morelli, le advirtió al Ejecutivo que la entrega de las tierras en el país no puede darse sobre lotes baldíos de la Nación como se ha venido haciendo , ya que esto podría configurar un detrimento financiero.
“Mucho de lo que el Gobierno ha hecho hasta hoy no ha sido con las tierras de los victimarios, estamos haciendo esa reparación con terrenos que pertenecen a la Nación, con terreno baldíos”, dijo Morelli.
La contralora fue más allá al decir que si se continúa con esa política esas cifras podrían amenazar la “estabilidad financiera del Estado colombiano”.
Y es que la cifra es diciente ya que según estudios elaborados por la Universidad de los Andes se habla de entre tres a diez millones de hectáreas que han sido usurpadas. Incluso el programa de restitución de tierras podría alcanzar la suma de 50 billones de pesos.
Los cierto es que para la contraloría la Ley que entrega tierras surge sobre una lógica de reparación.
La propuesta de la Contraloría es que se le exija a los violentos entregar los terrenos que han despojado a sus reales propietarios. “Esa tierra no toca volverlas a pagar, esa tierras no se las tenemos que comprar a nadie, lo que toca es recuperarlas”.
Mala distribución
En una audiencia pública organizada por la Corte Constitucional, Morelli dijo también que los recursos para los desplazados son inferiores a los que se les entrega a los victimarios desmovilizados.
El ejemplo de la contralora es claro ya que la remuneración diaria de una persona que ha decidido abandorar las armas es igual a la de un soldado profesional el cual esta del lado de la ley.
“Aquí también se impone una reflexión de equidad elemental porque no podemos mantener esos esfuerzos fiscales donde hay también sustracción de recursos”, puntualizó Morelli.
ONU LE LLAMA LA ATENCIÓN A LA FISCALÍA POR IMPUNIDAD EN CASOS DE DESPLAZAMIENTO
En audiencia pública Terry Morell, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuestionó el enfoque de la Fiscalía frente a los desplazados. El ente acusador dice que está trabajando y que se deben revisar las cifras.
A pesar de los señalamientos emitidos por ACNUR, la Fiscalía negó que exista impunidad frente a los casos de desplazamiento forzado en el país. Así quedó planteado tras el informe de Terry Morell, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el que se dice que el ente acusador no le está dando prioridad al tema.
En su intervención en una audiencia pública sobre desplazamiento, organizada por la Corte Constitucional, Morell dijo que la prioridad debe ser la investigación del desplazamiento y no los casos de falsos desplazamiento.
En el informe se sostiene además que si bien el número de investigaciones se ha elevado “las sentencias proferidas no han aumentado significativamente”. La cifra más alarmante es que entre el 2007 y el 2010 se presentaron más de 1.400 asesinatos de víctimas del desplazamiento.
El documento señala el alto grado de impunidad que existe y dice que la proporción de los casos que se investigan es de uno por cada 200 denuncias. Además se pronuncia sobre la dificultad que existe para encontrar la evidencia.
La fiscal general de la Nación, Viviane Morales, se mostró contraria a lo dicho por el representante de la ONU. Uno de los argumentos esbozados por la fiscal para contradecir a la representante es que en el ente acusador existen cuatro unidades para el tema de los desplazados: Justicia y Paz, Unidad de Derechos Humanos, Unidad contra las Bacrim y la que investiga el desplazamiento forzado.
Para Morales ha habido avances importantes en las investigaciones, pero resaltó que estas se tienen que hacer con cuidado pues, “hay un número importante de personas que se han hecho pasar por víctimas” y no lo son.
La fiscal justificó el trabajo del ente acusador, “todavía hay cifras humildes y a veces los funcionarios nos sentimos sobrecogidos por la inmensa carga del peso (...) que tenemos con lo que ha sido del conflicto en Colombia”.
En la audiencia también se cuestionó el trabajo del gobierno por la atención a los desplazados.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo en respuesta a las críticas que el gobierno está haciendo lo que corresponde. “Lo que se ve es una política integral, una política decidida que avanza, que es seria y que esta ya comenzando a ejecutarse”.
Según el ministro de Justicia son varias las leyes que se están aplicando, entre ellas la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y que no entiende el pronunciamiento de la representante de la ONU.
CMI
ORGANISMOS DE CONTROL RINDEN CUENTAS A LA CORTE CONSTITUCIONAL POR VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO
La Contralora general de la República Sandra Morelli denunció que la restitución de tierras a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia se esta haciendo con terrenos baldíos de la nación,
Durante una audiencia sobre el trema de desplazados en la Corte Constitucional Morelli dijo que el Estado debe recuperar las tierras usurpadas por los grupos ilegales para hacer esa restitución.
“Según dos informes diferentes habría entre tres y diez millones de hectáreas usurpadas de manera ilegal que el estado debe recuperar para que la viabilidad de la nación no se vea comprometida”.
La funcionaria también señaló que en los últimos años los recursos destinados para la reparación de las víctimas han venido disminuyendo cuando en el 2008 se entregaban 27 salarios mínimos a cada familia, hoy solo se entregan 17.
“Hemos encontrado que el monto de los recursos para las victimas es inferior al de los victimarios. Una persona que abandona las armas recibe la misma remuneración que un soldado profesional colombiano”.
El magistrado de la corte constitucional e integrante de la comisión de seguimiento de desplazados, Nilson Pinilla, se mostró de acuerdo con las denuncias de la contralora y dijo que los ciudadanos no podemos asumir los recursos para ayudar a las victimas.
somos los contribuyentes ni la nación los que tenemos que salir a poner los recursos para satisfacer los derechos de las victimas, los que se apropiaron de esos recursos son los que deben responder”. Aseguro el magistrado.
El director del departamento de prosperidad social Bruce Mcmaster, aseguró que el gobierno tiene destinados más de 54 billones de pesos para atender todas las necesidades de los desplazados en coordinación con otros organismos del Estado.
El gobierno destinó 54, 9 millones de pesos para atender a los desplazados de los cuales 22 van dirigidos a salud y educación y 33 a otras cosas.
Por su parte la fiscal general, Viviane Morales sostuvo que ya no hay impunidad absoluta en los casos de desplazamiento. Y que se adelantan 1733 instrucciones de procesos.
“Gracias a loas investigaciones de la unidad de justicia y paz se han logrado identificar 7799 personas en condición de desplazamientos han esclarecido los hechos de 8 masacres”
Sin embargo, la represéntate de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR, Terry Morel, aunque reconoció los esfuerz0s de la Fiscalía dijo que todavía persisten altos niveles de impunidad.
“El 99% de los casos de desplazamiento no han sido investigados, sumado a que entre el 2007 y 2010 fueron asesinadas 1499 personas que se encontraban en condición de desplazamiento. Solo el 0.5 de los casos van a juicio y el 0,02% terminan en condena”.
La represente de ACNUR criticó las denuncias de la Fiscalía sobre falsas víctimas y dice que hace falta clarificar una estrategia de investigación para establecer cual es la estrategia de desplazamiento que utilizan los grupos armados
“Mientras en Bogotá se cuestionaba la existencia de victimas falsas la población en Mapiripán, Meta, fue victima de 4 desplazamientos forzados entre octubre y diciembre del año pasado. Se está estigmatizando las víctimas cuando la prioridad de la Fiscalía debe ser la investigación de crímenes de lesa humanidad mas que la identificación de los casos de inscripciones fraudulentas”.
ACNUR HACE DURAS CRÍTICAS A FISCALÍA POR DENUNCIAS DE FALSAS VÍCTIMAS
La representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hizo fuertes criticas a la Fiscalía por las denuncias de falsas victimas hechas el año pasado.
Durante una audiencia sobre el tema de desplazados en la Corte Constitucional, la representante de ACNUR, Terry Morel, señaló que este tipo de denuncias estigmatizan a las victimas de la violencia.
"Mientras en Bogotá se cuestionaba la existencia de víctimas, la población en Mapiripán (Meta) fue víctima de cuatro desplazamientos masivos entre octubre y diciembre de 2011 y no se conoce resultados de la investigación por estos hechos", indicó Morel.
Terry Morel también sostuvo que a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía, el 99 por ciento de los casos de desplazamiento forzado continúan en la impunidad.
CARACOL RADIO
EL 30 POR CIENTO DEL 'CARRUSEL DE PENSIONES' ESTÁ CONCENTRADO EN TRES MAGISTRADOS: NÉSTOR RAÚL CORREA
Con nombre propio, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, señaló que el 30 por ciento del llamado 'carrusel de las pensiones' en esa corporación, y por el que la Contraloría acaba de llamar a juicio fiscal a 21 magistrados y exmagistrados, se concentra en Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Ovidio Claros.
"En cuanto al resultado mismo de la investigación, sólo hay palabras de tristeza y desolación frente a una situación tan lamentable, la Rama Judicial debería dar ejemplo ético, porque somos los operadores de justicia, y si da ejemplo de lo contrario, el mal es doble", señaló Correa quien indicó que pese a que debe existir un debido proceso "el hecho en sí, como indicador, es muy triste".
Igualmente explicó que el Consejo Superior de la Judicatura está compuesto por dos salas: la administrativa y la disciplinaria; en ese sentido explicó que buena parte del 'Carrusel de la Contratación' se generó en la segunda.
"Solo tres magistrados concentran el 30 por ciento de los casos del carrusel, de los 21 magistrados involucrados, 17 son de esa sala. Allí aparece Julia Emma Garzón, el doctor Villarraga, el doctor Ovidio Claros. La situación es bastante focalizada, y aunque se empiece a disparar con regadera a decir (el Consejo Superior) es un nido de corrupción, eso no se puede dar", indicó.
En ese sentido, el magistrado Correa sostuvo que el debate no debe girar en torno a la abolición del Consejo Superior de la Judicatura.
"Se ha dicho del Congreso, que el 35 por ciento tenía vínculos con el paramilitarismo, y no se cerró. Tampoco la Presidencia, cuando hubo tantos cuestionamientos; hay que controlar, investigar y sancionar, o si no, no le quedaría ni uno sólo de los 32 departamentos", aseguró.
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA HA SIDO INFERIOR A LAS EXPECTATIVAS: MINJUSTICIA
Como oportuno calificó el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, el juicio de responsabilidad fiscal que inició la Contraloría General de la República en contra del Consejo Superior de la Judicatura por el llamado ‘carrusel de pensiones’.
“Es un tema que se ha venido hablando desde hace varios meses y me parece oportuno y muy importante que esa investigación se haga, que se abra y que todos esos episodios se conozcan suficientemente”, comentó.
Agregó que las apariencias y los síntomas que hay detrás son ciertamente muy preocupantes.
De acuerdo con el ministro de Justicia, por estas situaciones, el Gobierno Nacional planteó acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, sin embargo, aclaró que la última palabra sobre el particular la tiene el Congreso de la República.
Esguerra manifestó que el Gobierno mantendrá el impulso a la Reforma a la Justicia, en lo que se está empeñado.
Agregó que se continuará muy atento a las investigaciones que adelanta la Contraloría General.
El Ministro de Justicia afirmó que la propuesta del Gobierno era acabar con el Consejo Superior de la Judicatura.
CONTRALORÍA ABRE JUICIO FISCAL A 21 MAGISTRADOS POR 'CARRUSEL DE PENSIONES' EN LA JUDICATURA
La Contraloría General de la República inició juicio de responsabilidad fiscal a 21 magistrados y ex magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
El proceso está orientado a establecer el nombramiento de 70 personas en cargos de magistrados auxiliares que le han costado al Estado millonarios recursos por reajustes pensionales injustificadas.
La investigación busca establecer los motivos por los cuales algunos de los pensionados que recibían 4 millones de pesos pasaron a 13 millones.
También intentará establecer los motivos mediantes los cuales se efectuaron pagos retroactivos.
En algunos de los casos con tan solo pocos días de labor en el ejercicio en esa corporación el magistrado designado obtenía los beneficios de una pensión alta.
El detrimento patrimonial por este caso podría estar por el orden de los 13 mil millones de pesos de acuerdo con los primeros datos que maneja la Contraloría General de la República.
En febrero del año pasado Caracol Radio reveló al país la magnitud del "carrusel de magistrado auxiliares” en el Consejo Superior de la Judicatura.
SENTENCIA A PLAZAS VEGA EN SEGUNDA INSTANCIA SERÍA REBAJADA
Pese a que aún no hay un fallo por del Tribunal Superior de Bogotá, tal como se informó en una certificación de la Secretaría General de la Sala Penal de esa corporación, fuentes oficiales consultadas por Caracol Radio confirmaron que el sentido de la decisión en segunda instancia contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, será condenatorio, en atención a que la primera ponencia, de carácter absolutorio y que fue planteada por el magistrado Hermens Darío Lara, fue derrotada; sin embargo la providencia que aún se está construyendo sería una decisión mixta, es decir con algunos beneficios o rebaja en la condena de 30 años.
En términos prácticos, durante las deliberaciones de los magistrados se han planteado varias consideraciones; algunas de estas, la reciente sentencia absolutoria del general Iván Ramírez Quintero, y en ese sentido la última postura de la Fiscalía que ha insistido en la desaparición, únicamente, de la guerrillera Irma Franco Pineda.
La segunda consideración tiene que ver con el testimonio del cabo Edgar Villamizar Espinel que, según la Procuraduría, se practicó a espaldas de las partes que intervinieron en el proceso. La tercera, tiene que ver con la duda sobre la efectiva desaparición de algunas personas como Luz Mary Portela, Gloria Isabel Anzola y Norma Constanza Esguerra, pues no hay prueba absoluta sobre su salida con vida del Palacio.
En ese sentido, se prevé que haya una moderada rebaja en la pena que tan sólo se podrá oficializar una vez concluya el salvamento de voto que haga el magistrado Lara; una vez ocurra esto el fallo final será notificado a las partes y la defensa del coronel interpondrá un recurso de casación que será resuelto por la Corte Suprema de Justicia.